En enero de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) llevará a cabo audiencias públicas para emitir una Opinión Consultiva sobre las responsabilidades legales de los Estados en relación con el cambio climático. Esta iniciativa responde a una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que busca clarificar las obligaciones internacionales en materia ambiental y las posibles consecuencias de su incumplimiento.

Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no son jurídicamente vinculantes, poseen un peso moral y legal significativo, y pueden influir en la formación del derecho internacional consuetudinario, que es obligatorio para todos los Estados.

Este proceso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la efectividad de acuerdos climáticos internacionales, especialmente tras registrarse en 2024 el año más cálido hasta la fecha, superando el umbral crítico de 1.5 grados Celsius de aumento de temperatura global.

La Opinión Consultativa de la CIJ podría fortalecer los litigios climáticos y ejercer presión política sobre los principales emisores de gases de efecto invernadero, promoviendo una acción más decidida en la lucha contra el cambio climático.